A medio camino entre la autocracia y la partitocracia, sin que el juicio haya concluido, el presidente del Gobierno ha sentenciado que el fiscal general del Estado "es inocente". Es la histórica separación de poderes que sustenta el Estado de Derecho en los tiempos que corren. Lo que diga el Tribunal Supremo importa un bledo. Es el Ejecutivo quien decide quiénes son los buenos y quiénes los malos en este país.

Mientas la justicia sustancia si Álvaro García Ortíz ha cometido delitos de revelación de secreto y prevaricación, el circo político y mediático campan a sus anchas por doquier. Pedro Sánchez, ejerciendo de líder supremo, ha decidido ya que si el fiscal es condenado (errónea o equivocadamente), su artillería populista y periodística apuntará a determinados jueces. En caso contrario, recordará al rebaño fiel que él lo sabía de antemano porque el error no figura en su diccionario de resistencia.

García Ortíz ya es culpable de no haber abierto una investigación interna en la Fiscalía con el objetivo de encontrar al filtrador/a de las presuntas fechorías del novio de Isabel Díaz Ayuso con Hacienda. También de no haber dimitido al instante de ser encausado por simple vergüenza, propia o ajena, o por aquello de no dañar la imagen de la institución que representa, que todos sabemos debería estar por encima del titular de turno, inclusive de él mismo. Y qué pensar de que la acusación pública de este proceso la lleven subordinados afines al susodicho fiscal, que ni se sienta en el banquillo de los acusados porque siempre ha habido clases (y siempre las habrá, lamentaba mi padre). La desfachatez es de libro, pero de los de antes que ahora vale todo con tal de mantenerse en el poder y de que no gobierne el contrario.

En cuanto al sospechoso borrado de mensajes, emails y whatsapp el mismo día de su imputación, y la consiguiente eliminación por sustitución del móvil, lo dejo en manos de los magistrados que juzgan a García Ortiz. No tengo ni idea de qué repercusión tendrán en la sentencia final que la fiscal jefe de Madrid haya declarado que le preguntó al mismísimo García Ortíz si había filtrado a la prensa el secreto oficial motivo de toda esta tragicomedia -a lo que contestó con un sorprendente "eso ahora no importa"- o cuánto peso legal lleva aparejado que el teniente coronel de la UCO que ha dirigido la investigación haya manifestado que en la Fiscalía no vuela ni una mosca sin el consentimiento y conocimiento del jefe. Teniendo en cuenta que, en caso de condena, habrá recursos judiciales hasta el fin de los días, poco importan ahora estas particulares dudas.

En un futuro a corto plazo la justicia dará o quitará razones, dejará o no en evidencia a más de uno y por el camino nos habremos quedado un gran número de españolitos de a pie huérfanos de fe en las instituciones. La decadencia moral está llegando a tales extremos que no es de extrañar que la inmensa mayoría de los ciudadanos tenga una pésima opinión de la política actual. Que este singular juicio y todo el sainete que llevamos soportando casi tres años tenga su origen en la obsesión que generan en La Moncloa los resultados electorales de la presidenta de la Comunidad de Madrid es como para...

Enterrados los principios éticos más elementales por orden de la ideología, infectados por la visceralidad que impone el frentismo azuzado por la polarización, sustituido el siempre necesario razonamiento por el seguidismo ciego a unas siglas de poder, la sociedad española no afín a prebendas se avergüenza en privado de sus dirigentes. El error es no salir a la calle en masa a echar a tanto desvergonzado. Me pregunto qué ocurriría en España si todo este sinsentido tuviera como protagonista otras siglas políticas. La respuesta es más que obvia.